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Alberto Castillo, al salir de los juzgados Elena Martínez
El deporte alzireño vivió hace una década una etapa dorada vinculado a la marca Alzicapital, una empresa dedicada a inversiones en bolsa y al denominado «trading» deportivo que, constituida en 2007, se hizo omnipresente en la sociedad local a partir de 2009 junto a otras filiales como la casa de apuestas Alzibet. El patrocinio del equipo de voleibol femenino, que competía en la Primera Nacional, de los clubes de ajedrez, de billar, de tenis de mesa, del Ciutat d’Alzira de fútbol, entre otros, se convirtió en un escaparate para potenciar la imagen de mecenas del administrador de estas firmas, Alberto Castillo, que también colaboraba con entidades culturales y festivas y multiplicaba su presencia en acto sociales, muchos de ellos en el ayuntamiento al lado las autoridades locales.
Esa imagen pública que se creó Castillo y el boca a boca de los altos intereses que ofrecía a los primeros inversores que le habían confiado sus ahorros le facilitó la captación de nuevos depósitos en Alzira, pero también en otras provincias españolas, donde sus empresas tenían delegaciones.
Todo iba viento en popa, el dinero fluía -la hemeroteca da cuenta de que Alzicapital otorgó en julio de 2010 unos 45.000 euros en subvenciones y meses después otros 50.000 euros- y la cartera de Alberto Castillo parecía inagotable hasta que, cuando el mes de mayo de 2011 llegaba a su fin, no se presentó a la firma del convenio pactado con el club de balonmano para ejercer de benefactor, ni tampoco excusó su asistencia. Un par de días después tenía previsto hacer lo mismo con el equipo de fútbol sala, pero en ese ínterin en el que también debía abonar los intereses a cientos de inversores, la ausencia de noticias suyas provocó que la familia denunciara su desaparición en una comisaría de València. El desasosiego empezó a crecer entre los inversores, las expectativas de los clubes que patrocinaba se venían abajo y también la figura de un héroe, que acababa por devenir en villano.
Alberto Castillo protagonizó una fuga de 46 días durante la que llegó a emitir un comunicado en el que aseguraba que había estado retenido y que el dinero «estaba a salvo» aunque no sabía cuándo podría disponer de él ya que tenía las cuentas bloqueadas, hasta que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional dio con él en Nules (Castellón). Se había dejado barba, cortado el pelo y utilizaba gafas para intentar pasar desapercibido, pero fue identificado y el juzgado de instrucción número 6 de Alzira ordenó su ingreso en prisión. La investigación policial hablaba del caso como una estafa piramidal y llegó a cuantificar en más de 650 el número de afectados.
Castillo pasó dos años y casi dos meses en prisión provisional. Quedó en libertad en septiembre de 2013 tras depositar una fianza de 20.000 euros. El empresario podía haber salido antes, aunque no lo hizo hasta que el juzgado rebajó a la mitad el importe de la fianza inicial. Ya en la calle, defendió su inocencia frente a las acusaciones de estafa y llegó a señalar que los inversores recuperarían su dinero. El juzgado de Alzira logró al tercer intento que la Audiencia Nacional asumiera el caso al detectar afectados en 17 provincias y esta semana, once años después de su detención, nueve de su puesta en libertad, seis del auto de procesamiento y dos del auto de apertura de julio, se sentaba en el banquillo de los acusados para la celebración de un juicio que se solventó en apenas veinte minutos. Castillo se reconoció culpable de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales y aceptó una pena de tres años y tres meses de cárcel y una multa de 1,7 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, que finalmente cifra en más de 200 el número de afectados. Antes del juicio, el Ministerio Público pedía para él 12 años de prisión y una multa de nueve millones.
El relato que realiza el fiscal en su escrito de conclusiones sostiene que entre los años 2009 y 2011 Castillo convenció a 206 personas y entidades, de las que obtuvo 3,4 millones de euros, a través de aportaciones que oscilaban entre mil euros y una, la más alta, de 242.000 euros. Era el administrador de Alzicapital y otras empresas dedicadas a captar clientes para que invirtieran en productos financieros atraídos por el «señuelo» de lograr hasta un 30% de rentabilidad.
Alzicapital se daba a conocer en su web como una empresa especializada en inversiones en ámbitos como el mercado bursátil, las primas únicas o la gestión de apuestas ‘online’. Prometía una remuneración del 5% con una inversión mínima de 1.000 € que podría elevarse hasta el 30% en función de la cantidad invertida. El Ministerio Fiscal constata que esos intereses «superaban ampliamente» los que podían ofrecer en aquel momento las entidades financieras, «haciéndolos muy atractivos para el inversor».
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